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POLíTICA


Gobierno teme fallo adverso por $ 100 mil M en caso "Badaro 2"



Fecha: 30/10/2018   13:46

   Expediente es uno de los que debe resolver el máximo tribunal y abarcaría a 150 mil jubilados que apelan el índice de cálculo de su haber inicial con retroactividad




RIPTE verus ISBIC en disputa.

Uno de los casos de mayor impacto para el sistema previsional argentino acaba de terminar su recorrido por las vocalías de la Corte Suprema de Justicia y asoma como un posible leading case para los jubilados. Se trata del expediente conocido como "Badaro 2" que debe definir si acepta el planteo de la ANSES de utilizar un índice (RIPTE) que arroja valores inferiores para calcular el haber inicial jubilatorio en comparación con el que, desde 2009, utilizan 26 de las 27 Cámaras Federales de todo el país en sus fallos. Se suma al anticipado por Ámbito Financiero sobre un amparo colectivo impulsado por el entonces Defensor del Pueblo por el cálculo de la movilidad jubilatoria del período 2002 a 2006, y por el que adeuda resolver si es constitucional el pago del impuesto a las Ganancias para los haberes más elevados. El combo del caso "Blanco" uno de los 6 expedientes en danza en el máximo Tribunal que merodean el mismo asunto-, según cálculos de abogados previsionalistas puede impactar en un stock de los 150 mil casos, y a valores actuales, representaría aproximadamente $100.000 millones de reajuste para quienes resulten beneficiados, en caso de que la Corte se incline por validar el índice ISBIC. La ANSES no estaría en el peor de los mundos: nada indica que sea obligado a pagar de una modalidad determinada.

Sin fecha definida para tratarlo en el pleno, la Corte, a su vez, navega en su propia transición con la presidencia de Carlos Rosenkrantz, con más delay para expedir sentencias que el que se esperaba con el recambio de autoridades. Aun así, el caso ya hizo su periplo por las vocalías lo que hace presumir que casa uno de los ministros adoptó posición. Operadores judiciales no ven a Juan Carlos Maqueda y a Ricardo Lorenzetti cambiando el criterio de doctrina precedente en la materia. Quien sí apunta a hacerlo es Elena Highton de Nolasco que podría acompañar a Rosenkrantz para que la ANSES salga victoriosa. Sin embargo, en el Gobierno temen que Horacio Rosatti sea el que incline la balanza a favor de rechazar la apelación oficial, lo que puede arrastrar a la minoría a mutar su posición para un rechazo por unanimidad. Ese gesto será leído como de independencia del Poder Ejecutivo y a favor de los pasivos pero implicaría que todo el caso vuelva a girar por los despachos. En secreto, guarismos conservadores colocan la cifra final en torno a los $100.000 millones para un universo acotado de casos. Tiene mayor impacto político que real en las arcas públicas, justo en momentos en que se pone en tela de discusión una reforma jubilatoria de amplio espectro como compromiso con el FMI que ya agitó aguas en el Senado.

Los jueces no son ajenos a las manifestaciones de jubilados que cada jueves se concentran en el Palacio de Tribunales, y que presintiendo la inminencia de un fallo, se van nutriendo cada semana y van sumando presión a la decisión. El problema se restringe a las remuneraciones percibidas entre 1991 y 2008. Luego de esa fecha comienza a regir la Ley de Movilidad Jubilatoria. ANSES busca que se reemplace ISBIC (índice de Salario Básico de la Industria y la Construcción) por el índice INGR, vigente hasta 1995 y luego el RIPTE (idéntico al de Reparación Histórica), fórmula obtenida de la Remuneración Promedio Imponible de los Trabajadores Estatales. La paradoja es que sólo en el período de 4 años, el INGR sería superior al ISBIC, luego no. Jubilados entre 2004 y 2012 son los impactados y los que iniciaron pleito. Para el cálculo modelo de "Blanco", mientras que el haber inicial correspondía a un 42% del salario promedio, con ISBIC (que lo otorgan todas las Cámaras Federales del fuero previsional y todas menos una de las multifunción del interior), otorga un 56%. El eje de la discusión es que sea un 3% inferior. La brecha con el último sueldo se amplía para otros ejemplos posteriores, pero oscila entre el 60-65% con ISBIC, versus 45-50% con RIPTE.

El abogado que lidera el caso del jubilado Lucio Orlando Blanco, Gabriel Greizerstein dirigió una carta a la Corte resaltando que el índice que aplica ANSES, atado a Reparación Histórica choca contra doctrina de la Corte sobre remuneraciones que no pueden ser alteradas ni por la administración central ni por la legislación, y que tampoco puede imponérseles el acuerdo que implica aceptar la Reparación porque se transformaría en un "mecanismo coercitivo". Lo tamizó con el recordatorio del fallo "Elliff", donde la Corte ya había sentado posición sobre los índices de actualización. Para el experto previsionalista Adrián Tróccoli un caso de esta magnitud no debería resolverse sin la convocatoria de amicus curiae para exponer ante el tribunal los riesgos que apareja un cambio de índice sobre lo que actualmente están percibiendo algunos jubilados. Este caso ya registra dos presentaciones: La Asociación de Abogados de Buenos Aires y la del Defensor de la Tercera Edad para ingresar al registro de "amigos del tribunal".

Las estadísticas difieren según quienes las calculen, pero habría un stock de 150 mil casos (se van sumando semana a semana), con un promedio de 79 años de edad de los demandantes. En dinero, por la retroactividad de los juicios, equivale a unos $70.000 millones, mientras que el costo mensual de la diferencia por haberes ajustados es de $1.400 millones ($18 mil millones al año). Por esto, para un sector de la Corte, el Gobierno sobreactúa el dramatismo de una derrota que podría afrontar por distintas vías de pago y no por plazos prolongados dado la edad de quienes serían eventuales beneficiarios de un fallo favorable.



Fuente: 30 de octubre de 2018 (ámbito)


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